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El incremento del IPC y del convenio colectivo exigen una actuación de la consejería
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El movimiento que representa constituye el 80% de las plazas ofertadas en la comunidad para la Discapacidad
El presidente de Plena Inclusión Andalucía, Antonio Fernández Brioso, ha elevado las demandas de todas las asociaciones que conforman Plena Inclusión al Parlamento de Andalucía en la Comisión de Economía Junta de Andalucía. Se trata de una reivindicación ya histórica entre todas las entidades que ofrecen plazas para personas con discapacidad en toda la comunidad, debido al aumento del coste plaza, la subida del IPC y el aumento del convenio de los profesionales que conforman las plantillas de dichos centros.
Por ello, el presidente ha acudido a la Comisión de Economía de la Junta de Andalucía a reclamar ante todos los grupos una partida presupuestaria para el 2023 que dé respuesta a estas situaciones sobre venidas para el sector esta situación.
Para comprender la situación por la que las entidades pasan, Fernández ha puesto un ejemplo práctico de una empresa tipo con 150 trabajadores tras los últimos cambios “tendrán que asumir un gasto de 13.000 € mensuales, lo que al año significa que tendremos que buscar 156.000 € extra para poder hacer frente solo a la subida del convenio. Si a esto le unimos el incremento del IPC, estamos hablando que una entidad tipo con 150 trabajadores puede estar teniendo que hacer frente a un incremento de más de 200.000 € al año”, ha explicado el representante.
Por ello, Fernández ha puesto sobre la mesa la complejidad del asunto y la dificultad que estas modificaciones tienen para las más de 12.700 plazas para discapacidad que tiene toda Andalucía “ya les digo que, si no se produce un incremento de precio de licitación, las entidades tendremos que pensar seriamente si presentarnos o no a dichos contratos, ya que por debajo del precio del mercado sería firmar nuestra sentencia de muerte, afirma.
Según ha explicado Fernández “las entidades miembros venimos reivindicando un plan que garantice la sostenibilidad económica de un sector que descansa sobre las espaldas de las asociaciones de familiares que bastante ya hacemos con dedicar mucho tiempo para cumplir con todos los requisitos y exigencias del mundo económico y administrativo en el que nos vemos envueltos”.
Ante todo esto, Antonio Fernández ha expuesto que ante un asunto tan importante “la respuesta de los gobiernos autonómicos es bien distinta dependiendo de los territorios, ya que, en la mayor parte de las comunidades, los contratos recogen expresamente el incremento automático del coste plaza si se producen variaciones en el IPC o con el convenio colectivo, por lo que no es necesario, ni tan siquiera solicitar negociación alguna”.
El presidente de Plena Inclusión ha hablado así en nombre de las entidades sociales que representan el 80% de las plazas concertadas en discapacidad de la Junta de Andalucía, afirmando que “como pueden imaginar, la situación es grave para muchas entidades que sobrevivimos a base de préstamos con lo que supone despatrimonializar a nuestras asociaciones. Nuestras juntas directivas no se reparten beneficio al final de año. Se reparten calendarios y papeletas para venderlos y poder recaudar unos cuantos euros que nos ayuden a arreglar el techo que se llueve, comprar el sofá para el salón de la residencia o la cama articulada que necesitan los nuestros. Esa es la realidad que nos encontramos día a día”, sentencia.
Asimismo, Fernández ha querido poner también en valor la labor de las entidades que conforman Plena Inclusión Andalucía, ya que, en toda la comunidad, la Junta tiene concertadas casi 12.700 plazas para personas con discapacidad en los ocho territorios de las que 10.817 lo están con las 116 entidades que se integran en Plena Inclusión Andalucía. Las cuales, además, generan 7.000 puestos de trabajo directos y más de 20.000 indirectos.
Por último, el presidente de Plena Inclusión ha querido recordar que se ha reunido con todos los grupos políticos de la sala, pero que lo seguirá haciendo todas las veces que haga falta y seguirá llamando a todas las puertas que sean necesarias para lograr el objetivo de Plena Inclusión Andalucía; defender los derechos de las personas con discapacidad.
